Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 16 de febrero del 2026.
— El Decreto 176, mediante el cual se modificó el Escudo Oficial del Estado de Chiapas, ya se encuentra bajo revisión del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Consejo Consultivo Ciudadano PAN, a través del Licenciado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, promoviera diversos juicios de amparo para que se analice la legalidad del procedimiento legislativo que dio origen a dicha reforma.
Durante una rueda de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, Katy Caravantes, informó que el recurso fue admitido por un Juez de Distrito, lo que implica que el asunto será estudiado a fondo por la autoridad judicial competente.
En el encuentro con medios también estuvieron presentes Christian Maldonado Juárez, Secretario General del Comité Directivo Estatal, y Ruperto Hernández Pereyra, Representante del Partido ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quienes respaldaron la postura institucional del partido en torno a la defensa de la legalidad y la participación ciudadana.
En su mensaje de apertura, la dirigente estatal señaló que el Escudo de Chiapas es un símbolo con más de cuatro siglos de historia que forma parte de la identidad colectiva del pueblo chiapaneco.
“No se trata de estar a favor o en contra de actualizar un símbolo. Se trata de que cualquier decisión que impacte nuestra identidad histórica se realice con apego a la ley y con participación ciudadana efectiva”, expresó.
Caravantes subrayó que Acción Nacional reconoce y respeta profundamente la diversidad cultural y la identidad indígena que forman parte esencial de Chiapas, y precisó que la acción jurídica promovida no busca confrontación política, sino revisión institucional.
Posteriormente, el Licenciado Manuel de Jesús Cruz Espinosa explicó que el amparo fue presentado el 21 de enero de 2026 y que el juez federal ordenó el emplazamiento a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado.
Detalló que en la demanda se plantean posibles violaciones al derecho humano a la identidad cultural, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuestionamientos sobre la acreditación de una consulta previa, libre e informada en el proceso de modificación del escudo.
Explicó que cuando una decisión legislativa puede afectar símbolos culturales o identitarios, la ley establece que deben existir mecanismos claros, documentados y plenamente acreditados de participación ciudadana.
“El Escudo no es un simple logotipo institucional; es un símbolo histórico que representa la memoria colectiva del estado. Por ello, cualquier modificación debe garantizar un proceso transparente y participativo”, señaló.
Finalmente, la presidenta Katy Caravantes reiteró el respeto de Acción Nacional a la autonomía del Poder Judicial y señaló que será esa instancia quien determine si el procedimiento legislativo se realizó conforme a derecho.
“Cuando hablamos del escudo, hablamos de nuestra historia, de nuestras raíces y de lo que heredaremos a las futuras generaciones. Confiamos en que este proceso se resolverá dentro del marco institucional”, concluyó.
